La firma consultora Olivera Méndez y Asociados ha presentado un análisis exhaustivo sobre el proyecto de Reforma Fiscal para 2026, destacando puntos clave que, de aprobarse, modificarán sustancialmente el panorama tributario para empresas y personas físicas. Según el informe, la reforma busca un equilibrio entre la recaudación necesaria para políticas sociales y la competitividad económica, aunque introduce varias novedades significativas.
Uno de los pilares centrales es la revisión del Impuesto sobre la Renta (ISR) para personas físicas. Se propone una nueva tabla progresiva con un tramo adicional para rentas muy altas, que podría alcanzar una tasa marginal del 40%. Paralelamente, se ampliarían las deducciones personales, especialmente para gastos en educación, salud primaria y cuidados, buscando un efecto redistributivo. "Es un intento claro por aumentar la progresividad del sistema", señaló Carla Olivera, socia directora de la firma.
Para las empresas, el cambio más relevante es la introducción de un Impuesto Mínimo Global, alineado con los acuerdos de la OCDE. Este gravamen, calculado sobre un 15% de los beneficios contables, aseguraría que las grandes corporaciones, especialmente multinacionales, contribuyan con una base mínima independientemente de los incentivos fiscales que disfruten. "Esto impactará directamente a grupos con operaciones internacionales complejas y requerirá una revisión profunda de sus estructuras", advirtió el socio Juan Méndez.
En materia de Impuesto al Valor Agregado (IVA), el proyecto mantiene la tasa general pero propone eliminar varios tratamientos preferenciales y exenciones, argumentando una necesidad de simplificación y ampliación de la base. Sectores como la cultura digital y algunos servicios profesionales podrían ver incrementada su carga fiscal. No obstante, se mantendría la tasa cero para alimentos básicos y medicinas.
La reforma también incluye un nuevo impuesto a los bienes de lujo y emisiones contaminantes, apuntando a vehículos de alta gama, embarcaciones de recreo y emisiones de carbono industriales específicas. Olivera Méndez destaca que esta medida tiene un doble objetivo: recaudatorio y de desincentivo ambiental.
Finalmente, se refuerzan las facultades y herramientas digitales de la autoridad hacendaria (SAT) para el intercambio de información y fiscalización en tiempo real, lo que, según los consultores, hará que el cumplimiento estricto sea más crucial que nunca. "La ventana de planeación fiscal se está cerrando. Las empresas deben empezar a modelar escenarios desde ya", concluyó Méndez.
La propuesta se discutirá en el Congreso en los próximos meses, y su aprobación podría definir la estrategia financiera del país para la segunda mitad de la década.
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