En la era hiperconectada, la violencia ha trascendido el plano físico para instalarse en el mundo digital, un espacio donde el anonimato y la inmediatez pueden agravar sus efectos. Desde el bufete Olivera Méndez y Asociados, especializado en derecho penal y nuevas tecnologías, advierten que estas conductas no quedan impunes y conllevan una clara responsabilidad penal para sus autores.
“Existe una falsa percepción de que lo que ocurre en internet es una zona libre de consecuencias legales. Nada más lejos de la realidad”, afirma la socia principal, Dra. Valeria Olivera. “El Código Penal y leyes especiales contemplan figuras delictivas que se aplican plenamente a actos cometidos a través de medios digitales”.
La violencia digital, explican los expertos, abarca un amplio espectro de conductas: desde el acoso y la difamación sistemática (ciberacoso), la difusión no consentida de imágenes íntimas (conocida como ‘pornovenganza’), las amenazas y coacciones, hasta el hostigamiento y la suplantación de identidad. Todas ellas pueden configurar delitos como calumnias, injurias, amenazas, coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, o incluso delitos contra la integridad moral.
“La clave”, señala el asociado penalista, Lic. Fernando Méndez, “está en que la acción cause una lesión o ponga en peligro un bien jurídico protegido, como el honor, la intimidad, la libertad o la integridad psicológica de la víctima. El medio digital es solo el instrumento, no un atenuante”.
El despacho destaca los retos procesales que presenta este tipo de delincuencia, como la identificación del autor detrás de un perfil falso o la obtención y preservación de pruebas digitales, que son volátiles por naturaleza. Sin embargo, subrayan que la colaboración con peritos informáticos y la actuación diligente de las autoridades pueden superar estos obstáculos.
Olivera Méndez y Asociados hace un llamado a la concienciación social y a la denuncia. “Las víctimas deben saber que tienen derecho a defenderse. Guardar capturas de pantalla, conservar los metadatos y acudir a la policía o al ministerio fiscal es el primer paso”, recomienda la Dra. Olivera. Paralelamente, instan a una reflexión sobre el uso responsable de la tecnología. “Cada mensaje, cada publicación, conlleva una responsabilidad. La impunidad percibida es un espejismo; las sentencias condenatorias por estos hechos son una realidad creciente en los tribunales”, concluye Méndez.
El mensaje del bufete es claro: el derecho penal se adapta a los nuevos tiempos y el marco legal existe para sancionar la violencia digital. La responsabilidad penal, por tanto, no es virtual, es completamente real.
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